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Ley del aborto y educación, terrenos de batalla de fuerte contenido ideológico
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. / ÁLVARO GARCÍA
Para quienes esperaban un Gobierno centrado en lo económico y que pasara de puntillas por los asuntos ideológicamente más conflictivos, el desmentido no podía ser más rotundo. En sus primeros 100 días tras ocupar La Moncloa, el nuevo Ejecutivo puso sobre la mesa cuestiones de alto voltaje en lo social, banderas de las que refuerzan las señas de identidad partidarias. El primer debate es el de la ley del aborto, que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha convertido en una cuestión de defensa de la maternidad. El segundo es una reforma educativa que aspira a inculcar la cultura del esfuerzo, lo que implica elevar la exigencia para pasar curso y dar más margen a la segregación de mejores y peores alumnos, para que los segundos dejen de frenar el avance de los primeros.
Esta reforma —que tendrá que aplicarse entre recortes presupuestarios y protestas del mundo educativo— incluirá una separación más temprana entre el bachillerato y la formación profesional y un nuevo sistema de becas —se entiende que más restrictivo— vinculado a las notas. El primer gesto al conservadurismo del ministro del ramo, José Ignacio Wert, ha sido acabar con Educación para la Ciudadanía, tachada de “adoctrinamiento”.
En estos 100 días, Gallardón y Wert han acaparado los focos en contraste con el que sería el ministerio de lo social, el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ocupa Ana Mato con un perfil público más discreto. En este departamento los principales problemas son económicos: la asfixia del sistema de salud (y de dependencia) que gestionan las autonomías. En la agenda de Mato está dar cobertura a los ahorros en marcha —con cierre de plantas y quirófanos, aumento de listas de espera y reducción de servicios— y a los que están por venir —tasa por receta en Cataluña, aumento del copago farmacéutico—. Una nueva ley de servicios básicos aspira a garantizar igual atención sanitaria en todo el territorio, la duda es si igualando a la baja.
Tenía valor simbólico para el PP que la reforma del aborto no fuera competencia de Sanidad sino de Justicia. Desde su punto de vista, no hablamos de una prestación sanitaria, sino de los derechos del nasciturus. Gallardón ha retomado los argumentos que su padre, fundador de AP, llevó al Constitucional en 1985, sin esperar la sentencia del mismo tribunal sobre la ley de 2010. No espera porque tiene claras dos cosas: acabar con la posibilidad de que las menores aborten sin permiso de sus padres (eso solo cambiaría un artículo) y reforzar la protección de la vida prenatal, lo que sugiere el fin del modelo de plazos, que permite abortar sin dar una justificación hasta la semana 14 de gestación. Volver al sistema de supuestos de 1985 (violación, malformación, riesgo para la mujer) cambia la concepción del asunto: del aborto como derecho se pasaría al aborto bajo tutela médica.
En este debate, Gallardón abrió una nueva polémica al denunciar una “violencia estructural” contra la mujer que fuerza a abortar. Los expertos han replicado que esa supuesta presión no tiene que ver con la ley del aborto, sino con la legislación laboral, que se ha reformado pero no precisamente en el sentido de dar más garantías de las potenciales madres. Para Mato queda otra decisión que será controvertida: volver a exigir receta para la píldora poscoital, como piden quienes la creen abortiva. Las sociedades médicas avalan que es segura, es eficaz y no se abusa de ella, pero la ministra ha pedido más informes porque el que ya tiene no le parece “concluyente”.
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